La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una investigación contra Willman René Garzón Ramírez, por presuntas irregularidades en ocho contratos de infraestructura penitenciaria que superan los $4.500 millones, entre los cuales estarína incluidos cuatro municipios de Boyacá: Chiquinquirá, Moniquirá, Santa Rosa de Viterbo y Cómbita. Garzón se desempeña como director operativo (e) de Infraestructura de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec).

Según los cargos formulados por la Procuraduría, Garzón Ramírez no habría ejercido la vigilancia permanente en varios negocios bilaterales en los que fue nombrado supervisor, y que tenían por objeto el suministro, instalación, puesta en marcha, mantenimiento y operación de los sistemas residuales en varios centros de reclusión. Los Establecimientos Penitenciarios de Mediana Seguridad y Carcelarios Acacias y Camis Acacias, San Andrés Islas, La Esperanza en Guaduas (Cundinamarca), La Dorada (Tolima), Puerto Triunfo, Calarcá (Quindío), Magangué (Bolívar), Escuela Penitenciaria Enrique Low Murtra (Funza, Cundinamarca), Leticia (Amazonas), Chiquinquirá, Moniquirá, Santa Rosa de Viterbo y Cómbita, Boyacá, se encuentran entre las obras investigadas.

El Ministerio Público ha señalado que, de confirmarse las irregularidades, se habrían puesto en riesgo los dineros públicos y se habría faltado al interés general que se persigue en la contratación adelantada, ya que se habría dejado al garete lo que pudiera acontecer en el desarrollo de la obra en cuanto a la ejecución y calidad de la misma.

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Ciudadanos exigen transparencia en el manejo de recursos públicos destinados a proyectos de impacto social

La presunta falta objeto de investigación ha sido calificada provisionalmente como grave a título de culpa gravísima por el Ministerio Público. La situación ha generado preocupación entre los ciudadanos y organizaciones civiles que exigen una respuesta por parte de las autoridades competentes para garantizar la transparencia y legalidad en el manejo de los recursos públicos destinados a la infraestructura penitenciaria del país.

Este hecho pone en evidencia la importancia de la vigilancia y control de los recursos públicos en los procesos de contratación y ejecución de obras de infraestructura, especialmente en aquellos proyectos que tienen un impacto directo en la población carcelaria y en la sociedad en general. La Procuraduría continuará con su labor de investigación y sanción en casos de posibles irregularidades en la administración pública para proteger los intereses del Estado y de la ciudadanía.

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