Más de 2.000 boyacenses han sido víctimas de captadoras ilegales que operan bajo la fachada de inmobiliarias y constructoras en la ciudad de Duitama. Las autoridades han intervenido siete empresas y se han recibido reclamaciones de más de 2.300 personas por un monto aproximado de 60.000 millones de pesos. La Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia Financiera y las Cámaras de Comercio están alertando sobre este tipo de estafas y dando a conocer el avance de las investigaciones. Además, se han encontrado réplicas de empresas que están adoptando el mismo modelo y afectando la economía boyacense.
Otras noticias de Boyacá: Encuentran cuerpo de joven desaparecida en río Chicamocha
La mayoría de las presuntas captadoras operaban en Duitama
La Superintendente delegada de supervisión societaria de la Superintendencia de Sociedades, Martha Ruth Ardila, ha afirmado que el Estado no responderá por estos dineros entregados a empresas que no están autorizadas para captar. En lugar de ello, las autoridades están socializando un listado donde evidencian que la mayoría de las presuntas captadoras operaban en Duitama y que a la fecha están siendo intervenidas.
Las autoridades están alertando sobre el fenómeno de réplica de empresas que están adoptando el mismo modelo y afectando de manera drástica la economía boyacense. José Camilo Torres, director de control del ejercicio ilegal de la actividad financiera de la Superfinanciera, ha comentado que encontraron un común denominador en estas captadoras: todas eran inmobiliarias o constructoras que recaudaban dinero del público diciéndole a la gente que iban a invertir en desarrollos de proyectos inmobiliarios y de construcción. Cuando revisaron los esquemas, descubrieron que estas firmas sólo recaudaban dinero del público.
En pocas palabras
Las autoridades están tomando medidas para intervenir en estas captadoras ilegales y alertando a la población sobre este tipo de estafas. Además, se está dando el fenómeno de réplica de empresas que están adoptando el mismo modelo y afectando la economía boyacense. Por último, los afectados no podrán recibir respuesta del gobierno y deberán acudir a la Superintendencia de Sociedades.
Noticias de Cundinamarca y Bogotá en línea | Síguenos en Google News
